Edición 45, Finanzas

Las Asociaciones Público Privadas impulsoras del Desarrollo de infraestructura en México

Por: Gerardo J. Weihmann y Esteban Figueroa

La exigencia de una mejor administración de riesgos1 en países en vías de desarrollo, tanto en el sector privado como en el sector público, ha ido en aumento y muy probablemente continúe, fomentada por factores tales como:

i) la creciente integración de los países en vías de desarrollo en la economía global;
ii) la mayor apertura de las economías de estos países en el contexto comercial y el financiero;
iii) la enorme volatilidad de los parámetros cruciales de la economía global: precios de commodities, tipos de cambio y tasas de interés, entre otros;
iv) el desarrollo y la creciente complejidad de derivados financieros: futuros, contratos adelantados, opciones y swaps;
v) el cambio en la participación de los gobiernos de países en vías de desarrollo, que abandonan su papel como intermediarios directos en las transacciones con el resto del mundo y se convierten en facilitadores de dichas transacciones, para que sean las empresas las que negocien en los mercados internacionales.

La reciente crisis financiera mundial, que inició en 2008, ha propiciado un interés mayor en las asociaciones del sector público con el sector privado no sólo en los países en vías de desarrollo, sino también en los países desarrollados.

Para muchos países, especialmente los que están en vías de desarrollo, como es el caso de México, la provisión oportuna de infraestructura y servicios públicos de calidad es prioritaria e impostergable. En estos países se han hecho cuantiosas inversiones con recursos públicos para incrementar y mejorar los servicios a la sociedad.

A pesar de estos esfuerzos, aún existen grandes rezagos en infraestructura en sectores tales como energía, transporte, vivienda, salud, educación y seguridad (prisiones)2. La restricción de recursos públicos, aunada en ocasiones a una inadecuada planeación, selección y administración de proyectos, ha propiciado que el Foro Económico Mundial ubique a México en el lugar 53 del Índice de Competitividad Global 2012-2013, y en el lugar 68 en la componente de infraestructura.

1 Hay incertidumbre cuando no se sabe con certeza el resultado de un suceso futuro. Únicamente la incertidumbre que afecta el bienestar de las personas se puede considerar como riesgo.

2 En algunos países, hay sectores específicos que no se consideran dentro de la definición de las APP, como el sector de telecomunicaciones, ya que están regulados de una manera eficiente o porque ya existe un aporte importante de parte del sector privado. En otros países, se excluye de la definición de asociaciones público-privadas a ciertos tipos de acuerdo en los que, por razones institucionales, hay notorias limitaciones para transferir riesgos.

¿Qué es una asociación público-privada (APP)?

Entre las características de los activos de infraestructura que los hacen llamativos para los inversionistas privados están los horizontes de muy largo plazo; los flujos de ingreso relativamente estables, en general ajustados a la inflación y con mercados relativamente consolidados; los rendimientos potencialmente atractivos, y una competencia limitada. Las asociaciones público-privadas han sido un recurso creciente en cada vez más países que buscan aprovechar estas características de los activos de infraestructura.

No existe una definición universalmente aceptada del término “asociación público-privada” (APP). El término describe una gama de posibles relaciones entre entidades públicas y privadas en el contexto de la oferta de servicios públicos e infraestructura pública.

Por ejemplo, la Ley de Asociaciones Público-Privadas de México define a un proyecto de APP como aquel que se realiza con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final y en el que se utiliza infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado, con objetivos que aumentan el bienestar social y los niveles de inversión en México.

También pueden ser proyectos de APP los que se realizan con cualquier esquema de asociación para desarrollar proyectos de inversión productiva, investigación científica aplicada o innovación tecnológica.3

La Ley de Asociaciones Público-Privadas de México requiere que los proyectos de este tipo: i) estén plenamente justificados; ii) especifiquen el beneficio social que se busca obtener, y iii) demuestren su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento, particularmente respecto a la opción de que el gobierno desarrolle el proyecto.

Las asociaciones público-privadas, aunque permiten la participación del sector privado, reconocen y estructuran el papel que cumple el gobierno al asegurar que se cumplan con las obligaciones sociales que le corresponden y que se realicen tanto las reformas al sector como las inversiones públicas necesarias.

El Banco Asiático de Desarrollo ha señalado que las principales necesidades que motivan a los gobiernos a participar en APP para infraestructura y prestación de servicios, son las siguientes:

  1. Atraer inversión con capital privado para completar recursos públicos limitados, o liberarlos para su aplicación a otras necesidades públicas. Con frecuencia, los servicios de infraestructura se prestan de manera insuficiente, lo que produce subsidios que implican una pérdida adicional de recursos públicos que se precisan para satisfacer otras necesidades apremiantes de la población. El sector privado, por su lado, tiene como objetivo al participar en una APP, obtener rendimientos por su capital invertido que sean atractivas en proporción al riesgo.
  2. Incrementar la eficiencia y usar mejor recursos escasos, puesto que el sector público suele tener menores incentivos para incorporar en su organización y en sus procesos, el concepto de eficiencia. Por el contrario, la meta del participante privado de maximizar su riqueza promueve el objetivo de incrementar la eficiencia tanto en las inversiones como en la operación del proyecto. Es probable que esta eficiencia mejore también los servicios de infraestructura y que dichos servicios sean económicamente sostenibles a precios accesibles para la población, aun después de satisfacer el requisito de rentabilidad financiera del ente privado.
  3. Aprovechar la asociación público-privada como un catalizador para implementar reformas en ciertos sectores de la economía, en los que la APP es sólo una de las condiciones para poder llevar a cabo dichas reformas a través de la reasignación de funciones, de incentivos y de responsabilidades de los diferentes participantes, con la intención de eliminar posibles conflictos de interés.Al establecer relaciones contractuales y estructuras adecuadas de financiamiento se apoya la reasignación de cada riesgo a la entidad mejor capacitada para administrarlo, lo que conlleva a una mejor alineación de los incentivos con los objetivos de eficiencia que se pretenden alcanzar.

Los proyectos de asociación público-privada presentan diferentes estructuras de financiamiento para su construcción, operación, mantenimiento y conservación, dependiendo del país de que se trate. En el caso de México, el financiamiento es una combinación de recursos públicos (recursos federales presupuestarios o recursos no presupuestarios, tales como el Fondo Nacional de Infraestructura) y recursos privados obtenidos por endeudamiento y capital de riesgo, a los que el gobierno suele fijar un porcentaje mínimo de participación.

Las aportaciones por parte del gobierno no sólo pueden ser monetarias, sino también en especie, como el derecho de vía. En otros países es frecuente encontrar proyectos autofinanciables, en que los recursos financieros provienen únicamente de aportaciones de particulares o de los ingresos generados por el propio proyecto.

3 Artículos 2° y 3°

Las APP como alternativa para el desarrollo de infraestructura en México

Ya que es necesario incrementar la inversión privada en México, se han creado nuevos mecanismos institucionales y de evaluación que permiten una mayor participación del sector privado en proyectos públicos de largo plazo que generan beneficios netos a la sociedad.

Entre los esfuerzos recientes por alcanzar mejor este objetivo a través de las APP, se encuentran la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas y su Reglamento, en el año 2012, y el “Manual que establece las Disposiciones para determinar la Rentabilidad Social, así como la conveniencia de llevar a cabo un Proyecto mediante el Esquema de Asociación Público-Privada” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

A continuación se citan algunas formas en que el esquema de APP puede aportar valor adicional a un proyecto de infraestructura:

  • Al prestar servicios en el sector privado, se evitan restricciones que reducen el grado de libertad del sector público, lo que abre el abanico de posibles soluciones.4
  • Se propicia un análisis más detallado y preciso de los proyectos de infraestructura5 y una mejor selección de éstos, con el objetivo del ente privado de maximizar el rendimiento financiero.
  • Se entregan a tiempo y dentro del presupuesto los proyectos de infraestructura, objetivos más difíciles de alcanzar si el proyecto se aborda como obra pública tradicional.
  • Se permite que el sector privado se convierta en un facilitador para introducir tecnología e innovación, tanto durante la etapa de construcción como de operación, lo que suele incrementar la cantidad y calidad del suministro de servicios públicos.
  • Se abre una vía para desarrollar las capacidades locales (know how) del sector privado, a través de su asociación con grandes empresas trasnacionales.
  • Se aceptan nuevas fuentes de financiamiento y de ingreso de los proyectos, lo que abre la posibilidad de cobrar a los usuarios de dicha infraestructura.6
  • En ocasiones, representa el elemento de mayor certeza dentro del presupuesto gubernamental, ya que se precisan erogaciones del proyecto no sólo en el presente, sino también en el futuro.
  • Se fomenta la aplicación de principios de gobierno corporativo a la infraestructura, así como una más adecuada regulación de ésta. En México, hay todavía al día de hoy muchas oportunidades para mejorar sustancialmente el gobierno corporativo dentro de las propias empresas privadas.
  • Se transfieren al sector privado costos contingentes que liberan recursos para la sociedad, para otros fines. Facilitan la aplicación del concepto de Valor por Dinero durante la etapa de estructuración y evaluación de proyectos.

La APP es flexible, pues puede aplicarse no sólo a nueva infraestructura (greenfield), sino también a infraestructura ya existente (brownfield).

4 El esquema de APP, al evitar algunos controles, puede originar problemas futuros que no siempre se prevén en un inicio.

5 Entre otros métodos, se traza una matriz que detalla cada riesgo, la entidad que lo absorberá y la forma de manejarlo. Se incorporan al contrato APP elementos de dicha matriz para mayor rigor en su cumplimiento. El uso de la matriz de riesgos es práctica estandarizada también en otros países y es promovida, entre otras entidades, por el Banco Mundial.

6 Un riesgo importante es que la sociedad no acepte algún cobro.

Asignación de riesgos en una APP en México

Las condiciones de riesgo de proyectos de inversión con garantía del flujo de ingresos, conocido como Project Finance, exigen que los inversionistas, los financiadores y el gobierno, asuman un papel más orientado a la administración de riesgos que reduzca los sobrecostos que significan primas de riesgo especulativas o la absorción de consecuencias por alguna de las partes, con resultados financieros imprevistos. Las APP pueden considerarse como una forma de Project Finance.7

Entre las características de una APP en México se cuentan las siguientes:

    • Se reconoce que en esta asociación los intereses de los socios son distintos, pues el gobierno tiene un interés social y el sector privado un interés financiero.
    • Se incentiva el negocio a largo plazo.
    • Se promueve la participación de actores de diversa índole (constructores, operadores, bancos, promotores, inversionistas, desarrolladores y aseguradores de infraestructura, consultores), tanto nacionales como extranjeros.
    • Se reconoce que en cada etapa del proyecto va cambiando el perfil de riesgos. Cada participante está mejor capacitado y dispuesto a absorber determinados riesgos.
    • Se trata de controlar los riesgos iniciales; por ejemplo, en el caso de infraestructura carretera, el riesgo de construcción.
    • El esquema contempla reglas para regular las variables inciertas en el período de concesión, tales como desastres naturales, suspensiones, ampliaciones y nuevos proyectos.

El caso de la infraestructura carretera en México

Uno de los sectores en los que más se ha aplicado el esquema APP desde hace muchos años es la infraestructura carretera, dada su vital importancia estratégica, al facilitar la conectividad y la competitividad de México, lo cual fomenta el crecimiento económico, el empleo y el bienestar social.

En el año de 1940, México contaba con poco menos de 10 000 kilómetros de carreteras, por lo que la estrategia del gobierno federal en ese entonces fue conectar con autopistas las capitales estatales y principales centros urbanos de la República Mexicana. Treinta años después, la red carretera nacional alcanzó una longitud total de casi 72 000 kilómetros.

En las décadas de 1970 y 1980, la estrategia se enfocó a interconectar con carreteras de menores especificaciones técnicas a centros urbanos de menor tamaño y al campo mexicano, por lo que para el año 2000 se contaba ya con una red carretera de 323 000 kilómetros.

Con la llegada del TLCAN y la globalización de los mercados de bienes, de servicios y financieros, el objetivo fue construir nuevas autopistas de alta tecnología entre los principales centros de actividad económica nacional y con el extranjero, que redujeran notoriamente las distancias, los tiempos de transporte y los costos, para hacer al país competitivo en este nuevo entorno.

Cabe señalar que a finales del año 2011, la red carretera de México contaba con una longitud de más de 372 000 kilómetros.8 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estima que se necesitan unos 60 000 millones de pesos anuales para mantenimiento, modernización y construcción de nuevas carreteras. Dado que el gobierno federal no cuenta con los recursos suficientes para cubrir la totalidad de estas necesidades, la SCT ha diseñado e implantado tres diferentes esquemas de asociaciones público-privadas:

      • Concesiones
      • Proyectos de Prestación de Servicios
      • Aprovechamiento de Activos

7 En México, hasta finales de la década de 1970, prácticamente la totalidad del financiamiento de las grandes obras de infraestructura para servicios públicos fue con recursos públicos. En contraposición, en otros países, durante la mayor parte de la historia de la industrialización del mundo moderno, prácticamente la totalidad del financiamiento de las grandes obras de infraestructura para servicios públicos fue de capital privado. A finales del siglo XIX comenzó a dominar el financiamiento con recursos públicos. Esta tendencia continuó a lo largo de casi todo el siglo XX, pero desde los inicios de la década de 1980, el financiamiento privado de grandes proyectos de infraestructura ha tenido un importante resurgimiento y toma cada vez más la forma de lo que se conoce como Project Finance.

8 Al comparar la longitud total de carreteras de México con Alemania, resulta que este último país tiene aproximadamente 650 000 kilómetros, de los cuales el 100% están pavimentados, mientras que de los 372 000 kilómetros de nuestro país, sólo 50% lo están. Igualmente, si tomamos como indicador el número de kilómetros de carretera por kilómetro cuadrado de territorio, Alemania tiene 7.8 kilómetros por kilómetro cuadrado, mientras que para México dicho indicador es aproximadamente 0.2.

Las APP no son la solución a todos los problemas de infraestructura de México

Transferir riesgos al sector privado, por estar este último dispuesto a absorberlos, y compartir otros riesgos entre ambos sectores; facilitar un uso más intensivo de los activos con la consecuente reducción de costos fijos unitarios; condicionar algún pago del gobierno al cumplimiento contractual de ciertos estándares de calidad en el servicio e identificar y estimar mejor costos y necesidades de financiamiento futuras, entre otros, traen mejoras tanto en la eficiencia económica como en la financiera.

Sin embargo, un esquema de APP no necesariamente conduce a la obtención de estos beneficios potenciales. Así, algunas limitaciones de los esquemas de APP son las siguientes:

      • El financiamiento está disponible siempre y cuando los flujos de efectivo del proyecto proporcionen un atractivo retorno financiero a la inversión privada.
      • Algunos proyectos son más difíciles de financiar, sobre todo si no existe una tecnología comprobada o si las obligaciones del sector privado no han sido claramente identificadas.
      • Algunos proyectos no tienen la capacidad de generar ingresos en moneda extranjera,9 por lo que están sujetos en mayor medida a las restricciones de los mercados financieros locales y limitan el acceso de capital foráneo.
      • Un proyecto de APP mal estructurado podría fomentar la corrupción en el corto plazo y complicar el manejo de la infraestructura en el largo plazo.
      • Si un proyecto es difícil de realizar por motivos políticos, cuando un grupo social siente afectados sus intereses, es posible que aumenten las tarifas del usuario para recuperar la viabilidad financiera del proyecto, lo que puede ocasionar una caída en el mercado.
      • Ya que está siempre latente la posibilidad de que el sector privado adquiera conocimientos y experiencias en el esquema de APP después de un período inicial de aprendizaje, tiene una ventaja sobre el gobierno, que es la entidad reguladora. El sector privado cumplirá solamente con aquellos requisitos de desempeño por los que se le pague.
      • El sector privado, y en especial los financiadores del proyecto, serán aún más cautelosos al aceptar riesgos de alto impacto que no controlan, como el riesgo del tipo de cambio; derivado de ello, aumentan las primas de las tasas de interés, se reducen los plazos y se aumentan y restringen las condiciones de crédito. Esta situación puede llevar a incrementos en las tarifas cobradas por los servicios y en una caída del retorno financiero del proyecto.
      • El esquema de APP puede fracasar si el Estado, en algún momento de la realización del proyecto, modifica el marco jurídico, atribución inalienable de los gobiernos.
      • La utilización del esquema de APP puede reducir notoriamente el grado de flexibilidad futuro de un gobierno. Ya que las APP pueden crear compromisos fiscales de largo plazo de carácter contingente, es más difícil estimar los verdaderos costos fiscales futuros que con otros esquemas más tradicionales con pagos iniciales conocidos. Este elemento de contingencia de la APP puede aumentar la tentación de invertir el día de hoy en más infraestructura de lo que sería fiscalmente prudente, tal como ya ha sucedido en países como Portugal y el Reino Unido.

Por las razones anteriores, entre otras, los esquemas de APP no siempre son la mejor opción para la provisión de infraestructura y servicios públicos. Por lo tanto, es necesario evaluar su conveniencia en cada caso en particular. Esta evaluación deberá comprender los siguientes análisis:

      1. Acreditación de la Rentabilidad Socioeconómica, con herramientas tales como la elaboración de una ficha técnica (para proyectos con monto de inversión inferior a 50 millones de pesos, o de mantenimiento menor a 150 millones de pesos), análisis costo-beneficio o análisis costo-eficiencia, si los beneficios de diferentes alternativas son los mismos o cuando son de difícil cuantificación monetaria.
      2. Análisis de Elegibilidad del proyecto, para determinar con prontitud su potencial de ser desarrollado con el esquema de APP. El análisis incluye el cálculo de un índice de elegibilidad.10 Este análisis es una condición necesaria mas no suficiente para la implantación de una APP, pues el proyecto también tiene que demostrar que la alternativa privada es superior a la alternativa por obra pública, a través de un análisis de Valor por Dinero.
      3. Análisis de Riesgos (identificación, valoración, asignación y mitigación), dado por la combinación de probabilidad de ocurrencia de un evento y la gravedad de su impacto.
      4. Análisis del Comparador Público-Privado, para evaluar si es más conveniente desarrollar el proyecto público como una APP o como obra pública tradicional, aplicando el concepto de Valor por Dinero.

9 Por ejemplo, aeropuertos y puertos marítimos tienen mayor capacidad de generar flujos en otras divisas que proyectos de infraestructura relacionados, por ejemplo, con el suministro de agua.

10 El índice se basa en un cuestionario estructurado (treinta preguntas) que pondera cinco factores: institucionalidad, involucrados, complejidad, macroeconomía y competencia, este último integrado por dos factores: licitación y tamaño. El valor del índice de elegibilidad va de 1.0 (definitivamente no es conveniente usar un esquema APP) a 5.0 (definitivamente es conveniente usar un esquema APP); 3.0 es la indiferencia en el uso del esquema de APP.

Conclusiones

El esquema de asociación público-privada ha cobrado importancia como complemento de la inversión pública tradicional; sin embargo, nunca será un sustituto del papel que debe cumplir el gobierno, dado que la participación del sector privado no siempre es adecuada o siquiera viable en proyectos de infraestructura y oferta de servicios públicos. Siempre hay que tener presente que la responsabilidad última del gobierno es continua e intransferible y la sociedad seguirá responsabilizando al gobierno por la calidad de los servicios públicos.

En México, los cada vez más amplios y detallados requisitos para determinar la elegibilidad de un esquema de APP en relación con otros esquemas, establecidos en la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas y las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para las asociaciones público-privadas, entre otras, permiten que desde muy tempranas fases del proyecto se puedan conocer y comprender las variables y criterios que resulta conveniente considerar en un proyecto de otorgamiento de infraestructura y servicios básicos a la sociedad. Esta mayor profundidad y amplitud en el análisis y conocimiento del grado de incidencia de cada variable en el desarrollo del proyecto, ayuda a tomar decisiones más efectivas y eficientes en etapas posteriores.

Por la complejidad de los proyectos de infraestructura y sus horizontes de muy largo plazo, es prácticamente imposible identificar todas las contingencias que puedan presentarse, tales como casos fortuitos y de fuerza mayor, por lo que o no se encuentran precisadas en los contratos originales o se prevén de manera muy general, lo que abre la posibilidad de conflictos de interpretación entre los participantes. Por ello, será necesario hacer contratos flexibles y dejar abierta la posibilidad de renegociarlos.

La reciente crisis global detonada en el año 2008 por la crisis hipotecaria de las subprime en los Estados Unidos, ha mostrado nuevamente que es más importante un profundo análisis de los activos, incluyendo los proyectos de infraestructura, que el análisis de la composición de la estructura de capital (deuda y capital propio), pues aunque el valor de todo activo tangible o intangible está dado por el valor presente neto de los flujos de efectivo futuros esperados, por lo que para maximizar dicho valor es necesario minimizar el denominador, o sea el costo del financiamiento, lo primordial es el numerador de la expresión, es decir, la selección adecuada del activo o proyecto.

Es en la componente de en qué activos invertir, donde se tienen las mayores oportunidades de ganancia extraordinaria11 (financiera o económica); en nuestro caso, en qué tipos de proyectos de infraestructura. Aun con imperfecciones del mercado, se corrobora la importancia de la Primera Proposición de Franco Modigliani y Merton Miller respecto a la “irrelevancia” de la estructura de capital.?

11 Es decir, valor presente neto positivo. En el actual sistema financiero global es más difícil encontrar esquemas de financiamiento con valor presente neto positivo, por la mayor competencia y las menores barreras de entrada en estos mercados, entre otros factores, que en los mercados de activos.

Esteban Figueroa Palacios

Director general de AFH consultores y asociados, S.C., empresa de consultoría en planeación, financiamiento y administración de infraestructura, así como asociaciones público-privadas y análisis de riesgos en inversiones de infraestructura. Profesor Titular de Planeación en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM; maestría en ciencias en Ingeniería Civil en Planeación y Administración de Infraestructura por la Universidad de Stanford

Gerardo Johannes Weihmann Illades

Consultor asociado en AFH consultores y asociados, S.C., empresa de consultoría en planeación, financiamiento y administración de infraestructura, así como asociaciones público-privadas y análisis de riesgos en inversiones de infraestructura. Profesor de Asignatura Plus del ITAM desde hace 23 años; catedrático desde hace 15 años de la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana. Ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM; maestría en ciencias en Ingeniería Civil en Planeación y Administración de Infraestructura por la Universidad de Stanford; maestría en ciencias en Ingeniería Industrial (Management Science and Engineering) por la Universidad de Stanford, y Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Pensilvania.

Referencias

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    • Banco Mundial, PPP in Infrastructure Resource Center. Beneficios y Riesgos de las Asociaciones Público Privadas, 2013.
    • The World Bank Institute and The Public-Private Infrastructure Advisory Facility, Public-Private Partnerships Reference Guide; 2012.
    • Foro Económico Mundial. The Global Competitiveness Report, 2012-2013.
    • Agencia Central de Inteligencia. The World Factbook, 2008.
    • Ley de Asociaciones Público Privadas, Diario Oficial de la Federación, 16 de enero de 2012.
    • Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, Diario Oficial de la Federación, 5 de noviembre de 2012.
    • Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Manual que establece las Disposiciones para determinar la Rentabilidad Social, así como la conveniencia de llevar a cabo un Proyecto mediante el Esquema de Asociación Público-Privada”.
    • Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Subsecretaría de Infraestructura, Dirección General de Desarrollo Carretero, Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo Carretero en México. Septiembre de 2011.
    • De Buen Richkarday, Óscar; Características y modalidades de las asociaciones público-privadas. Diplomado en APP, Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, Instituto Mexicano del Transporte, Universidad Anáhuac del Sur, 2013.
    • Weihmann I., Gerardo y Esteban Figueroa P., Reflexiones sobre la infraestructura como estrategia promotora de bienestar. Dirección Estratégica 42, septiembre de 2012.
    • Lessard, D., “Financial Risk Management for Developing Countries: A Policy Overview”, en J. Stern y D. Chew, The Revolution in Corporate Finance, Blackwell Publishers.
    • Brealey, R., Ian Cooper y M. Habib. “Using Project Finance to Fund Infrastructure Investments”, en J. Stern y D. Chew, The Revolution in Corporate Finance, Blackwell Publishers.
    • Bodie, Z., R. Merton y D. Cleeton.Financial Economics.Pearson-Prentice Hall; 2a. ed., 2009.

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