Por: Claudia González

México, al igual que muchos de los países del mundo, ve el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) como una estrategia clave para su desarrollo económico y social.

México, al igual que muchos de los países del mundo, ve el impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) como una estrategia clave para su desarrollo económico y social. La importancia que da el Estado a la CTI es de primer orden, y en la constitución política se establece el apoyo que el gobierno deberá otorgar a estas actividades.

Existe además una Ley de Ciencia y Tecnología (C&T), en la que se establecen las bases del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Éste fue concebido como eje rector de la economía y se espera que ayude a elevar la competitividad del país para lograr un crecimiento equitativo y una mejor distribución del ingreso.

Sin embargo, el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) se ha mantenido en alrededor del 0.4% del PIB por más de dos décadas, y la impresión que se tiene es de que la participación de la CTI en la economía del país ha sido moderada. Darle un vistazo a la historia de la CTI de nuestro país nos permitirá entender mejor nuestro contexto actual.

El sistema de CTI en México tiene sus inicios en la década de los años 30 con la creación de los institutos nacionales de salud. El apoyo gubernamental estaba dedicado entonces casi exclusivamente a mejorar la salud de la población.

Fue hasta 1960, con la creación del Instituto de Investigación Científica, que se da un primer paso hacia la consolidación de un sistema de CTI. Este instituto tuvo como función principal el otorgar becas para la terminación de tesis de licenciatura y para realizar estudios de posgrado.

Pero la verdadera consolidación del sistema sucede hasta la década de los años 70, cuando se da una expansión sin precedentes del sistema de educación superior. La mayoría de las universidades estatales y la tercera universidad pública más grande de la Ciudad de México fueron creadas en esa década. En ese entonces, la política económica del país estaba basada en la sustitución de importaciones, por lo que se consideraba imperativo elevar el nivel educativo de la fuerza laboral.

También en 1970 se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que toma las funciones del Instituto de Investigación Científica y empieza a dar apoyo para la realización de proyectos de investigación. A pesar de que el Conacyt administraba recursos relativamente limitados, su creación implicó que el gobierno tuviera en su agenda a la CTI, lo que dio como resultado la constitución de una pequeña pero activa comunidad científica.

La década de los años 80 en México estuvo marcada por un estancamiento económico, y el desarrollo de la CTI no estuvo excluido de esa situación. El final de la esta década representó un cambio importante, tanto para el comercio como para la CTI en México. En términos de comercio internacional, el país formó parte del Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y en 1991 se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC).

En ese mismo año se dio el primer préstamo para ciencia y tecnología por parte del Banco Mundial, denominado Programa de Apoyo a la Ciencia en México (Pacime). Con este programa se otorgaron, en fondos concurrentes entre el gobierno y el Banco Mundial, poco más de 300 millones de dólares para apoyar principalmente actividades científicas.

Los programas que se crearon fueron los de proyectos de investigación, de fortalecimiento a la infraestructura científica, de repatriación y retención, y de cátedras patrimoniales. Estas iniciativas tuvieron un importante impacto en la inversión en CTI. El GIDE, como porcentaje del PIB, pasó de 0.28% en 1990 a 0.33% en 1991. Para 1994, alcanzó el 0.41%, que es cercano a lo que se eroga hoy en día.

Durante la década de los años 90, el principal objetivo de la política de C&T fue incrementar la investigación científica y la formación de recursos humanos de alto nivel; el desarrollo tecnológico y la innovación no fueron prioridad en ese momento.

Por ejemplo, del presupuesto administrado por Conacyt en 1993 el 26% se dedicó al fortalecimiento de las capacidades científicas, el 29% a becas nacionales y en el extranjero, el 20% al SNI, el 2% al área tecnológica, y el restante 23% a otros programas. Esta distribución del presupuesto se mantuvo el resto de la década. Sin duda, el impacto en las capacidades de investigación científicas del país fue favorable.

De acuerdo al Instituto de Investigación Científica (ISI por sus siglas en inglés), la participación de los científicos mexicanos en la producción científica global pasó de representar el 0.2% en 1993 a 0.5% una década después.

Con la llegada del nuevo siglo, el sistema de CTI en México creció en tamaño, producción e impacto internacional, aunque la inversión como porcentaje del PIB nacional permaneció en niveles muy similares. A pesar de los pocos recursos dedicados a tecnología e innovación durante la década de los años 90, el Conacyt diseñó diversos programas para promover el desarrollo tecnológico de nuestro país.

Sin embargo, los escasos recursos asignados, las altas tasas de interés que prevalecían en ese entonces, la falta de capacidad para evaluar el riesgo tecnológico y un diseño pobre de los programas, resultaron en una demanda muy escasa de estos apoyos. El impacto, por supuesto, fue extremadamente modesto.

Hacia finales de la década de los años 90, se crearon nuevos programas para impulsar la innovación. En 1998 se otorgó el segundo préstamo del Banco Mundial, al que se le dio el nombre de Programa de Conocimiento e Innovación (PCI). De este programa se catalogaron recursos específicos para el apoyo a la innovación. También se creó el programa de estímulos fiscales a la C&T. Sin embargo, pocas empresas se beneficiaron de estas nuevas iniciativas. En 1999, sólo el 20% del gasto realizado en investigación y desarrollo experimental era otorgado por el sector privado.

Con la llegada del nuevo siglo se intentó dar un nuevo impulso a la innovación. Una de las primeras acciones fue promover una nueva Ley de C&T que, entre otras cosas, estipulaba que el GIDE debía llegar a ser el 1% del PIB. También se puso especial énfasis en que las actividades científicas estuvieran ligadas a los problemas nacionales.

Esto implicó la creación de nuevos programas, entre los que destacan los fondos mixtos y los fondos sectoriales. Los fondos mixtos, conformados por fondos concurrentes del Conacyt y los gobiernos de los Estados, están enfocados al desarrollo regional. Los fondos sectoriales, por su parte, son fondos concurrentes del Conacyt y las Secretarías de Estado, para atender los problemas sectoriales más importantes del país.

También en 2003 se creó el programa AVANCE, que tenía tres modalidades: Ultima Milla, para apoyar la etapa precomercial de la innovación; el Fondo Emprendedores, que aportaba capital ángel a las empresas; y el Fondo de Garantías, que daba el aval para préstamos bancarios. Las grandes expectativas de la nueva Ley y los nuevos programas no se cumplieron. Los niveles de inversión se mantuvieron sin cambios significativos y los nuevos programas tuvieron una demanda relativamente baja en comparación con el tamaño de la economía del país.

El cambio más importante que se ha tenido en los últimos años ha sido el incremento en la proporción de la participación del sector productivo en el GIDE. Actualmente, cerca del 40% es otorgado por este sector, y la participación de gobierno es de poco más del 50%. Sin embargo, como lo menciona Dutrenit (et al 2010), la reorientación de los gastos en I&D por parte del sector productivo debe interpretarse con cautela.

A pesar del incremento en el gasto, no se ve un aumento en el nivel de patentes de las empresas nacionales, tampoco se ve un incremento en el nivel de competitividad del país, ni en la balanza comercial tecnológica.

El proceso de innovación en México se caracteriza por la poca coordinación entre los agentes del sistema mexicano de innovación, y el sector privado constituye uno de los eslabones más débiles. Las empresas destinan muy pocos recursos a la innovación, lo que se traduce en una infraestructura con muy poco desarrollo tecnológico y en la escasez de recursos humanos altamente capacitados en su interior. Así mismo, la vinculación con IES y centros de investigación es muy limitada.

El ecosistema industrial del país está conformado en su mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas. Hay más de 4.5 millones de micro empresas (con menos de 10 empleados). Cerca de 90% de las empresas emplean a menos de 50 personas y se abocan a los giros de servicios y agricultura al menudeo, con una producción orientada a mercados locales. Además, son muy poco innovadoras, y su contribución al valor total de la producción es baja.

Adicionalmente, la producción está altamente concentrada en unos pocos Estados; tan sólo 10 de ellos generan el 41% del PIB.

Los retos que enfrenta el sistema mexicano de innovación son complejos y de muy diversa índole. Uno de los más importantes es el acceso a fuentes privadas de financiamiento. Las empresas en México se financian principalmente de proveedores. El uso del crédito bancario es un recurso caro, y limitado a un grupo de empresas. El mercado de capital, tanto público como privado, es pequeño. El capital emprendedor en México está muy rezagado en comparación con otros países, apenas alcanza el 0.004% del PIB. Así también, lograr un incremento del GIDE que alcance el 1% del PIB es difícil sino se incrementa sustancialmente la inversión privada en CTI.

Otro de los grandes desafíos es hacer más eficiente la coordinación entre los diferentes agentes para crear un verdadero ecosistema. Pero para ello, es necesario desarrollar la capacidad interna para generar conocimiento y tecnología, de manera que el sector empresarial demande dicho conocimiento. No hay duda de que el sector empresarial debe jugar un papel fundamental en la innovación, y para ello lo más importante es cambiar la cultura hacia la innovación en este sector.

Otro punto importantes es que los investigadores se interesen por participar en proyectos de innovación, ya sea de manera conjunta con el sector productivo o que ellos mismos se vuelvan emprendedores. Las incubadoras universitarias, en su mayoría, no han logrado captar una masa crítica de proyectos de alta tecnología que justifiquen la participación y uso de la infraestructura universitaria. Un requisito indispensable es incrementar la cultura emprendedora en negocios de base tecnológica, y ahí es donde el Centro ITAM de Creatividad, Innovación y Emprendimiento puede jugar un papel crítico en el desarrollo futuro de nuestro país.?

Referencias

• Dutrénit, G., Capdeville, M., Corona, J., Puchet, M., Santiago, F. & Vera-Cruz, A., (2010), El Sistema Nacional de Innovación Mexicano: Instituciones, Políticas, Desempeño y Desafíos, México, UAM-X
• OECD (2009). Reviews of Innovation Policy, Mexico, OECD, Paris.
• INEGI (2009). Censo Económico, Mexico.