Por: Yolanda Espinosa
ITAM

En México, la figura del asesor en inversiones ha adquirido una notable relevancia en los últimos años, al grado de que ha logrado cuadruplicar el monto total de los activos administrados en la última década.

Dicho monto se ubicó en $113,000 millones de pesos al cierre de 2013¹, repartido en más de 4,281 contratos celebrados con diversas instituciones del sistema financiero a nombre de los clientes, que pueden ser personas físicas, empresas privadas y fondos de pensiones, entre otros.

Aunque no son intermediarios del mercado de valores, es tal la importancia de los asesores en inversiones para el sistema financiero mexicano que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los incorporó recientemente como un sector supervisado.

A partir de enero de 2015, los asesores en inversiones tienen la obligación de estar registrados ante la CNBV. Se trata de un paso importante para brindar certeza y mayor transparencia al mercado, debido a que tanto las personas físicas como las morales deben reunir una serie de requisitos y proporcionar información que acredite su honorabilidad, así como un manual de conducta con normas y políticas para la solución de conflictos de interés, información operativa, financiera y administrativa relacionada con la prestación de sus servicios, certificación ante un organismo autorregulatorio y otros aspectos pertinentes para ejercer sus funciones de asesoría.

Los asesores en inversiones son personas físicas y morales que de manera habitual y profesional brindan servicios de administración de carteras de valores, para lo cual toman decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, ofrecen asesoría de inversión en valores, realizan análisis y hacen recomendaciones de inversión en forma personalizada para cada cliente.

A diferencia de un apoderado, que atiende al público por cuenta de una institución financiera, un asesor en inversiones establece un vínculo y recibe un pago directo del inversionista a cambio de sus servicios. Las operaciones con valores ordenadas por el asesor quedan documentadas a nombre del cliente, quien debe tener una cuenta o contrato de intermediación bursátil con un intermediario facultado para realizar operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y entregar al asesor un mandato que lo faculte para girar instrucciones a su nombre, o bien, autorizarlo en los contratos celebrados por el cliente con los intermediarios.

El análisis que debe realizar un cliente para elegir y contratar los servicios de un asesor en inversiones no se reduce a observar los rendimientos históricos que ha generado en las carteras. Como punto principal, el inversionista debe valorar la transparencia de la información que brinda el asesor de inversiones prestando atención al esquema de remuneraciones y comisiones que cobra.

Los asesores en inversiones cuentan con diversos esquemas de remuneración, aunque generalmente cobran por sus servicios un porcentaje sobre el valor de los activos administrados (assets under management, AUM). Otras formas comunes de compensación son las cuotas fijas, tarifas por hora y comisiones por los títulos operados bajo su asesoría.

Además, es prudente verificar los siguientes rubros:

• Experiencia y preparación técnica en el campo de las inversiones
• Certificaciones
• Autorización por parte de la CNBV
• Principales productos y estrategias
• Principales servicios
• Sanciones y demandas

La nueva regulación, junto con el aumento de la información de los asesores en inversiones y de estadísticas públicas sobre esta figura, hoy inexistentes, pueden contribuir a disminuir la asimetría informativa y mitigar los problemas de agencia que existen en este sector, tal como sucede en muchas otras relaciones contractuales. En este mercado en particular, el cliente (dueño de los activos) es el principal y el asesor en inversiones es el agente.

Los problemas de agencia de este mercado se deben a que el cliente y el asesor en inversiones tienen diferentes intereses, incentivos, horizontes, habilidades y conjuntos de información. Además, el cliente tiene pocas capacidades para supervisar al asesor. Entre los problemas de agencia señalados, los dos principales son los siguientes:

• Selección adversa. Surge cuando el cliente no puede verificar las competencias del asesor en inversiones. El asesor tiene más información que el cliente.
• Riesgo moral. Se corre un riesgo moral cuando el cliente no puede observar el esfuerzo del asesor en inversiones contratado.

Por lo regular, entre el asesor de inversiones y el cliente hay varias capas de intermediación, cada una con el potencial de añadir conflictos de interés y comisiones en detrimento de los intereses del cliente. Para aminorar los problemas de agencia y maximizar el valor para el inversionista, el asesor puede reducir al mínimo las capas de intermediación y brindar información transparente sobre posibles conflictos de interés. Asimismo, clientes y asesores en inversiones pueden celebrar contratos o establecer mecanismos para que 1) los mejores asesores estén dispuestos a participar, y 2) se les brinden los incentivos adecuados para trabajar.

Los mejores contratos explícitos para mitigar los problemas de agencia son los que se basan en resultados y los que imponen ciertas restricciones de inversión –a modo de acotar el riesgo y el universo de los activos– de acuerdo con el perfil de cada cliente. En cierta medida, la nueva regulación ya aborda este último punto. Con los contratos basados en resultados, el cliente y el asesor comparten los rendimientos que se obtengan. En un contrato de este tipo podría establecerse una tarifa fija mensual o trimestral y un bono adicional si el asesor alcanza un objetivo, como por ejemplo un mejor desempeño que el benchmark (fijar un benchmark apropiado es muy importante y merece un estudio adicional). Otro contrato es el de desempeño relativo, en el que el asesor es recompensado si tiene un desempeño superior al de sus competidores. Con estos esquemas, si el asesor en inversiones genera valor para el cliente, ese valor adicional se reparte entre ellos en una especie de juego de negociación.

Para el caso particular de los clientes que son personas físicas, Andrew Ang² propone que el mejor esquema de pago al asesor es una tarifa fija o tarifa por hora. Esto porque las relaciones entre el asesor y la persona física tienen varias dimensiones (a un nivel que generalmente no se alcanza con un intermediario financiero) y el asesor presta diversos servicios. Cuando el agente debe cumplir varias tareas o no es posible cuantificarlas, el mejor contrato es el de sueldo fijo, con la parte de compensación variable mínima o nula, puesto que incentivarlo en un aspecto puede desmotivarlo para realizar otras funciones. Un ejemplo es cuando los clientes necesitan asesores que los acompañen, escuchen y guíen en diversos temas que no guardan una relación directa con sus inversiones.
En este sector, los contratos implícitos son tan importantes como los explícitos, en virtud de que la reputación de un asesor es crucial para ganar nuevos clientes y mantener a los actuales. Esta habilidad de ganar nuevos clientes por tener una buena reputación en el mercado es un fuerte incentivo a largo plazo debido a que, como se dijo, domina el esquema de compensación mediante un porcentaje fijo sobre el total de los activos administrados.

Aunque el cuidado de la reputación impulsa al asesor a esforzarse al brindar sus servicios, también puede tener efectos distorsionantes cuando este especialista invierte en carteras similares a las de sus competidores o con poca desviación respecto del benchmark para no poner en riesgo su buen nombre si falla una estrategia de inversión.

Como conclusión, si bien los clientes saben que los conflictos de interés existen en esta industria, como en muchas otras, lo relevante es que el asesor de a conocer dichos conflictos de manera transparente y que se establezcan contratos, estructuras y mecanismos bien definidos para mitigarlos y resolverlos de la mejor manera, de tal forma que aún en presencia de conflictos, se logre preservar los intereses del cliente y crear valor.?

Referencias bibliográficas

Ang, Andrew (2014). Asset Management, Oxford University Press.

Stracca, Livio (2005). “Delegated Portfolio Management: a Survey of the Theoretical Literature”. Working Paper Series No.520, European Central Bank.

Chevalier, Judith A., Ellison, Glenn D. (1995). “Risk Taking by Mutual Funds as a Response to Incentives”. Working Paper No. 5234 National Bureau of Economic Research.

Ley del Mercado de Valores del 30 de diciembre de 2005. Texto vigente con la última reforma publicada el 10 de enero de 2014.

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